Puerto Rico "Carta Abierta"

Querida amiga y amigo:

Para esta fecha de seguro te has enterado del impacto catastrófico del huracán María en Puerto Rico, así como de la respuesta lenta y aún inadecuada de las agencias federales, como FEMA.

Un mes después del paso del huracán decenas de comunidades siguen aisladas, incaccesibles por automóvil o camión. Cerca de noventa por ciento de las viviendas carecen de energía eléctrica. Más de la mitad no tienen servicio de agua corriente. No pocos de los 3.2 millones habitantes de Puerto Rico tienen dificultades para obtener agua para beber. La cifra de muertes sigue aumentando debido a la falta de atención médica o de materiales (oxígeno, diálisis) o por envenenamiento causado por agua insalubre.

Los fracasos de las agencias federales quizás no te causen sorpresa, pues la respuesta (incluyendo la de FEMA) al huracán Katrina en Nueva Orléans fue igualmente lenta e inadecuada.

Quizás también has escuchado al presidente Trump afirmar que Puerto Rico ya enfrentaba una crisis de la deuda antes del huracán y que su sistema eléctrico ya estaba muy deteriorado. Hasta ahí, esas afirmaciones son correctas.

Pero el presidente Trump también ha escrito por Twitter que los trabajadores puertorriqueños son vagos y que las agencies federales como FEMA no pueden estar en Puerto Rico para siempre. Esto sugiere la noción de que los puertorriqueños son culpables de su situación y que no deben esperar más regalos. Trump quiere construir una pared entre ustedes y nosotros, lo cual tampoco debe ser una sorpresa, presentándonos como una carga, como si reclamáramos recursos a los que no

A través de los medios quizás también has escuchado que los puertorriqueños son ciudadanos de Estados Unidos que también son una nación, un pueblo con su propia identidad y cultura, que ha estado bajo el gobierno colonial de Estados Unidos desde 1898. En ocasiones, estos datos pueden provocar confusión sobre la relación de Puerto Rico con Estados Unidos.

Querida amiga y amigo, al contrario de lo que el presidente quisiera que pensaras, los trabajadores puertorriqueños no son vagos, ni tampoco pretenden que alguien haga las cosas por ellos (como también ha dicho el presidente). Aspiran a las mismas cosas que desea la mayoría del pueblo trabajador de Estados Unidos: empleos e ingreso adecuados; vivienda, educación, servicios de salud y pensiones apropiados; infraestructura funcional y comunidades acogedoras, además de la protección del ambiente. El pueblo trabajador de Puerto Rico y el de Estados Unidos comparten los mismos intereses. Tenemos necesidades comunes. El esfuerzo por reconstruir a Puerto Rico nos debe ayudar a entenderlo mejor, independientemente del camino que Puerto Rico en su momento decida tomar, sea hacia la independencia, la estadidad o algún tipo de asociación soberana con Estados Unidos. Para entender mejor esa agenda común quisiéramos compartir algunos datos contigo.

Puerto Rico ha sido una colonia de Estados Unidos desde la Guerra hispano-americana de 1898. A Puerto Rico se le definió como territorio no incorporado, posesión pero no parte de Estados Unidos, bajo los plenos poderes del Congreso. A pesar de que a través del tiempo el Congreso ha reorganizado el gobierno territorial, hasta la creación del presente Estado Libre Asociado en 1952, la naturaleza colonial de la relación ha seguido inalterada. Los habitantes de Puerto Rico eligen a su gobernador y su legislatura, que solo se ocupan de asuntos en la isla. Seguimos sujetos a legislación y decisiones ejecutivas federales en cuya elaboración no tenemos ni participación ni representación. Desde 1898, el Congreso nunca, repetimos, nunca ha consultado al pueblo de Puerto Rico en un plebiscito o referéndum vinculante sobre si desea mantener el presente status, convertirse en un país independiente o un estado de la Unión. Ya que ha retenido sus plenos poderes sobre Puerto Rico, el Congreso debería asumir la responsabilidad por un territorio que reclama como posesión: pero el Congreso a menudo ha evadido su responsabilidad. Esto tampoco debe ser una sorpresa, pues el Congreso ha ignorado o pasado por alto muchas situaciones injustas en los Estados Unidos (que afectan a trabajadores, mujeres, afro-americanos, nativo-americanos, inmigrantes, entre otros), a menos que el activismo y las movilizaciones lo obliguen a actuar de otro modo.

Pero el colonialismo tiene una dimensión, no solo política sino económica. Después de 1898 la economía de Puerto Rico pasó al control de las corporaciones estadounidenses. Se especializó a Puerto Rico en la producción de un puñado de productos para el mercado de Estados Unidos. Una consecuencia de esto ha sido la constante fuga de parte importante del ingreso generado en Puerto Rico. En la actualidad, alrededor de $35 mil millones abandonan la isla cada año. Esto equivale a cerca del 35 por ciento del Producto Interno Bruto de Puerto Rico.

Este capital no se reinvierte y no crea empleo en Puerto Rico. Por tanto, su economía unilateral, controlada externamente y mayormente orientada a la exportación nunca ha sido capaz de generar suficiente empleo para su fuerza laboral, ni en la época en que el azúcar fue la principal industria, ni en las décadas de 1950 y 1960 con la manufactura ligera que llegaba y a menudo se iba, ni tampoco en el presente, a través de las operaciones de capital intensivo, entre las cuales las farmacéuticas son las más destacadas.

Este carácter dependiente y colonial de la economía de Puerto Rico es la raíz de los altos niveles de desempleo, no la alegada pereza de los trabajadores puertorriqueños, un viejo estereotipo racista ahora retomado por el presidente Trump.

En la actualidad Puerto Rico tiene una tasa de participación laboral de 40 por ciento. Es decir, 60 por ciento de la población en edad de trabajar está fuera del mercado laboral: han perdido toda esperanza de encontrar un empleo. Del 40% que todavía está en el mercado laboral, 10 por ciento está oficialmente desempleado.

El desempleo masivo deprime los salarios, lo cual ahonda la desigualdad y aumenta los niveles de pobreza. Esto ayuda a explicar el persistente abismo en los niveles de vida respecto a Estados Unidos. Luego de más de un siglo de presencia de Estados Unidos, el ingreso per capita de Puerto Rico es la mitad de la cifra del estado más pobre, Mississippi. Cerca de 45 por ciento de la personas en Puerto Rico viven bajo el nivel de pobreza.

La falta de empleo ha provocado una considerable emigración hacia Estados Unidos, dónde la población puertorriqueña ya asciende a cinco millones. Históricamente, a los puertorriqueños se les ha incorporado a la clase trabajadora de Estados Unidos como uno de sus sectores discriminados y superexplotados junto a los afro-americanos y otros latinos. A la vez que están profundamente conectados y preocupados con y por su país de origen, son parte de la clase trabajadora mult-racial y multi-nacional de Estados Unidos.

Dados los niveles de pobreza, no sorprende que muchas personas en Puerto Rico participen en programas de bienestar social (welfare) financiados con fondos federales. Es decir: se gastan considerables fondos públicos para parcialmente amortiguar las consecuencias de una economía colonial disfuncional. Para decirlo de otro modo: la situación presente, aunque rentable para unas pocas corporaciones, es un desastre tanto para Puerto Rico como para el pueblo trabajador de Estados Unidos. Por tanto, conviene e interesa a ambos que Puerto Rico adquiera una economía capaz de sostener a sus habitantes sin que requiera ese tipo de compensación.

Desde 1947 la exención del pago de contribuciones federales e insulares fue uno de los mecanismos para atraer inversión externa. Sin embargo, en 1996 el Congreso inició la eliminación de la exención federal, que se completó en 2006. No hay que equivocarse: la exención contributiva nunca fue capaz de garantizar empleo o desarrollo. Pero el Congreso remplazó un mecanismo inadecuado con… nada. Una muleta es poca ayuda para una persona que cojea, pero sencillamente quitársela es aun peor. Así, desde 1996 ha desaparecido la mitad de los empleos en la manufactura. La economía de Puerto Rico se ha estancado desde 2006. Se han perdido 250 mil empleos: 20 por ciento de los empleos que existían hace una década han desaparecido.

Pero la culpa no es solo del Congreso. Según la economía de Puerto Rico colapsaba, su gobierno no reconsideró sus prioridades. No intentó, por ejemplo, recuperar una parte mayor de las ganancias que abandonan la isla, a través de impuesto o de otros medios. En lugar de eso se endeudó masivamente. A la vez se permitió que la infraestructura eléctrica, entre otras, se deteriorara, a menudo buscando generar apoyo para su privatización. La situación no podía sostenerse: en junio de 2015 el gobierno tuvo que admitir que sus deudas eran insostenibles y que tendrían que renegociarse.

Entonces el Congreso adoptó la ley conocida como Puerto Rico Oversight Management and Economic Stability Act (PROMESA). La ley creó una junta no electa, nombrada por el presidente, con amplios poderes sobre las finanzas públicas de Puerto Rico. No provee ni fondos ni medidas para la recuperación económica. Habilita la adopción de políticas de austeridad que acentúan la pobreza a la vez que perpetúan la depresión en curso. Es decir, es anti-democrática, colonial, socialmente injusta y económicamente contraproducente. ¡Bajo el plan fiscal que ha certificado no se prevé crecimiento hasta 2024! Una vez más, es posible que esto no provoque sorpresa: esa ha sido la fórmula (despidos y recortes) que se le ha aplicado al pueblo trabajador en Estados Unidos en decenas de crisis fiscales, desde la ciudad de Nueva York a mediados de la década de 1970 hasta Detroit, recientemente.

Los recortes de presupuesto propuestos vienen luego de otras medidas de austeridad, como nuevos impuestos al consumo (el IVU en 2006), despidos masivos en el gobierno (ley 7 en 2009), ataques a los derechos laborales en el sector público (ley 66 en 2014), reducción gradual (attrition) del empleo público (90 mil plazas eliminadas desde 2006) y reducción de los derechos laborales en el sector privado (2017).

¿Qué necesita Puerto Rico? Puerto Rico necesita un programa de reconstrucción económica bien financiado (incluyendo la transición a la energía renovable), los poderes necesarios para implantarlo y un verdadero proceso de auto-determinación. El Congreso puede y debe proveer fondos para la reconstrucción, la cual también exige la cancelación de la deuda pública de Puerto Rico. Esta deuda ya era insostenible, intentar cobrarla ahora sería criminal.

Sería legítimo que preguntes: ¿por qué debe asignar el Congreso miles de millones para la reconstrucción en Puerto Rico a pesar de que no lo hace en los estados de Estados Unidos? Nuestra respuesta: ¡debe hacerlo en los estados también! La realidad es que la gente trabajadora y pobre en Estados Unidos sufre las consecuencias sociales y ambientales de décadas de políticas económicas neoliberales. Tanto como nosotros en Puerto Rico, el pueblo trabajador de Estados Unidos necesita un amplio programa de reconstrucción económica, orientado a la creación de empleos y a satisfacer las necesidades sociales.

Los movimientos que comparten estos objetivos en Estados Unidos son fuente de inspiración para nosotros y nosotras: movimientos para imponer contribuciones a las ganancias de las corporaciones, para que se implanten programas de empleo, reconstrucción urbana, ampliación de los servicios sociales, seguro de salud universal y educación pública universitaria gratuita, energía renovable, anulación de la deuda estudiantil y ayuda para las familias endeudadas, para reducir el gasto militar a favor del gasto social, organizar trabajadores y revitalizar el movimiento sindical, para acabar todas las formas de discriminación racial, de género, homofóbicas o xenofóbicas. En Puerto Rico necesitamos esos movimientos tanto como ustedes. Contamos con ustedes para que los construyan y los amplíen. Y les pedimos que incluyan la reconstrucción económica, la cancelación de la deuda y la auto-determinación de Puerto Rico como parte de sus demandas y propuestas.

Las limitaciones del desarrollo unilateral y dependiente en Puerto Rico no son resultado de restricciones en el movimiento de capital entre la isla y Estados Unidos. Son, en todo caso, resultado de la acción irrestricta de intereses privados. Es decir, los dogmas del fundamentalismo de mercado, la privatización y la desreglamentación son parte, no de la solución, sino del problema. Necesitamos una reconstrucción planificada de nuestra economía, con un sector público y cooperativo ampliado. Esos planes deben elaborarse en Puerto Rico, no por agencias o programas federales fuera de nuestro control o supervisión.

Lo mismo es cierto en Estados Unidos, donde los déficits fiscales no son el resultado de programas sociales demasiado generosos, sino de bajos impuestos a las corporaciones y, después de la crisis de 2008, de nueva deuda pública emitida para rescatar a los bancos de sus excesos.

Durante décadas, buena parte del producto de nuestro trabajo ha salido de la isla, del mismo modo que buena parte de la riqueza creada por los trabajadores y trabajadoras en Estados Unidos es acaparado por una casta empresarial fabulosamente rica. Esta dura realidad exige que las luchas contra estos males gemelos—la explotación colonial y de clase—avancen unidas. A los que nos amenazan diciendo "¡Ningún rescate financiero para Puerto Rico!" nosotros respondemos: ¡Es tiempo de que invirtamos en el pueblo de Puerto Rico y de Estados Unidos—y dejemos de proteger los privilegios de los bancos y las grandes empresas!

Trabajemos juntos, entonces, por la justicia: justicia para el pueblo trabajador de Estados Unidos y por apoyo de emergencia inmediato y adecuado y también por la reconstrucción económica más duradera, la anulación de la deuda y la auto-determinación de Puerto Rico.

Sinceramente,

Rafael Bernabe

Manuel Rodríguez Banchs

*Rafael Bernabe es investigados y profesor en la Universidad de Puerto Rico. Es autor, junto a César Ayala, de Puerto Rico en el siglo Americano. Manuel Rodríguez Banchs es abogado laboral y activista por la justicia social. Ambos pertenecen al Partido del Pueblo Trabajador en Puerto Rico.

	Querida amiga y amigo: Para esta fecha de seguro te has enterado del impacto catastrófico del huracán María en Puerto Rico, así como de la respuesta lenta y aún inadecuada de las agencias federales, como FEMA. Un mes después del paso del huracán decenas de comunidades siguen aisladas, incaccesibles por automóvil o camión. Cerca de noventa por ciento de las viviendas carecen de energía eléctrica. Más de la mitad no tienen servicio de agua corriente. No pocos de los 3.2 millones habitantes de Puerto Rico tienen dificultades para obtener agua para beber. La cifra de muertes sigue aumentando debido a la falta de atención médica o de materiales (oxígeno, diálisis) o por envenenamiento causado por agua insalubre. Los fracasos de las agencias federales quizás no te causen sorpresa, pues la respuesta (incluyendo la de FEMA) al huracán Katrina en Nueva Orléans fue igualmente lenta e inadecuada. Quizás también has escuchado al presidente Trump afirmar que Puerto Rico ya enfrentaba una crisis de la deuda antes del huracán y que su sistema eléctrico ya estaba muy deteriorado. Hasta ahí, esas afirmaciones son correctas. Pero el presidente Trump también ha escrito por Twitter que los trabajadores puertorriqueños son vagos y que las agencies federales como FEMA no pueden estar en Puerto Rico para siempre. Esto sugiere la noción de que los puertorriqueños son culpables de su situación y que no deben esperar más regalos. Trump quiere construir una pared entre ustedes y nosotros, lo cual tampoco debe ser una sorpresa, presentándonos como una carga, como si reclamáramos recursos a los que no A través de los medios quizás también has escuchado que los puertorriqueños son ciudadanos de Estados Unidos que también son una nación, un pueblo con su propia identidad y cultura, que ha estado bajo el gobierno colonial de Estados Unidos desde 1898. En ocasiones, estos datos pueden provocar confusión sobre la relación de Puerto Rico con Estados Unidos. Querida amiga y amigo, al contrario de lo que el presidente quisiera que pensaras, los trabajadores puertorriqueños no son vagos, ni tampoco pretenden que alguien haga las cosas por ellos (como también ha dicho el presidente). Aspiran a las mismas cosas que desea la mayoría del pueblo trabajador de Estados Unidos: empleos e ingreso adecuados; vivienda, educación, servicios de salud y pensiones apropiados; infraestructura funcional y comunidades acogedoras, además de la protección del ambiente. El pueblo trabajador de Puerto Rico y el de Estados Unidos comparten los mismos intereses. Tenemos necesidades comunes. El esfuerzo por reconstruir a Puerto Rico nos debe ayudar a entenderlo mejor, independientemente del camino que Puerto Rico en su momento decida tomar, sea hacia la independencia, la estadidad o algún tipo de asociación soberana con Estados Unidos. Para entender mejor esa agenda común quisiéramos compartir algunos datos contigo. Puerto Rico ha sido una colonia de Estados Unidos desde la Guerra hispano-americana de 1898. A Puerto Rico se le definió como territorio no incorporado, posesión pero no parte de Estados Unidos, bajo los plenos poderes del Congreso. A pesar de que a través del tiempo el Congreso ha reorganizado el gobierno territorial, hasta la creación del presente Estado Libre Asociado en 1952, la naturaleza colonial de la relación ha seguido inalterada. Los habitantes de Puerto Rico eligen a su gobernador y su legislatura, que solo se ocupan de asuntos en la isla. Seguimos sujetos a legislación y decisiones ejecutivas federales en cuya elaboración no tenemos ni participación ni representación. Desde 1898, el Congreso nunca, repetimos, nunca ha consultado al pueblo de Puerto Rico en un plebiscito o referéndum vinculante sobre si desea mantener el presente status, convertirse en un país independiente o un estado de la Unión. Ya que ha retenido sus plenos poderes sobre Puerto Rico, el Congreso debería asumir la responsabilidad por un territorio que reclama como posesión: pero el Congreso a menudo ha evadido su responsabilidad. Esto tampoco debe ser una sorpresa, pues el Congreso ha ignorado o pasado por alto muchas situaciones injustas en los Estados Unidos (que afectan a trabajadores, mujeres, afro-americanos, nativo-americanos, inmigrantes, entre otros), a menos que el activismo y las movilizaciones lo obliguen a actuar de otro modo. Pero el colonialismo tiene una dimensión, no solo política sino económica. Después de 1898 la economía de Puerto Rico pasó al control de las corporaciones estadounidenses. Se especializó a Puerto Rico en la producción de un puñado de productos para el mercado de Estados Unidos. Una consecuencia de esto ha sido la constante fuga de parte importante del ingreso generado en Puerto Rico. En la actualidad, alrededor de $35 mil millones abandonan la isla cada año. Esto equivale a cerca del 35 por ciento del Producto Interno Bruto de Puerto Rico. Este capital no se reinvierte y no crea empleo en Puerto Rico. Por tanto, su economía unilateral, controlada externamente y mayormente orientada a la exportación nunca ha sido capaz de generar suficiente empleo para su fuerza laboral, ni en la época en que el azúcar fue la principal industria, ni en las décadas de 1950 y 1960 con la manufactura ligera que llegaba y a menudo se iba, ni tampoco en el presente, a través de las operaciones de capital intensivo, entre las cuales las farmacéuticas son las más destacadas. Este carácter dependiente y colonial de la economía de Puerto Rico es la raíz de los altos niveles de desempleo, no la alegada pereza de los trabajadores puertorriqueños, un viejo estereotipo racista ahora retomado por el presidente Trump. En la actualidad Puerto Rico tiene una tasa de participación laboral de 40 por ciento. Es decir, 60 por ciento de la población en edad de trabajar está fuera del mercado laboral: han perdido toda esperanza de encontrar un empleo. Del 40% que todavía está en el mercado laboral, 10 por ciento está oficialmente desempleado. El desempleo masivo deprime los salarios, lo cual ahonda la desigualdad y aumenta los niveles de pobreza. Esto ayuda a explicar el persistente abismo en los niveles de vida respecto a Estados Unidos. Luego de más de un siglo de presencia de Estados Unidos, el ingreso per capita de Puerto Rico es la mitad de la cifra del estado más pobre, Mississippi. Cerca de 45 por ciento de la personas en Puerto Rico viven bajo el nivel de pobreza. La falta de empleo ha provocado una considerable emigración hacia Estados Unidos, dónde la población puertorriqueña ya asciende a cinco millones. Históricamente, a los puertorriqueños se les ha incorporado a la clase trabajadora de Estados Unidos como uno de sus sectores discriminados y superexplotados junto a los afro-americanos y otros latinos. A la vez que están profundamente conectados y preocupados con y por su país de origen, son parte de la clase trabajadora mult-racial y multi-nacional de Estados Unidos. Dados los niveles de pobreza, no sorprende que muchas personas en Puerto Rico participen en programas de bienestar social (welfare) financiados con fondos federales. Es decir: se gastan considerables fondos públicos para parcialmente amortiguar las consecuencias de una economía colonial disfuncional. Para decirlo de otro modo: la situación presente, aunque rentable para unas pocas corporaciones, es un desastre tanto para Puerto Rico como para el pueblo trabajador de Estados Unidos. Por tanto, conviene e interesa a ambos que Puerto Rico adquiera una economía capaz de sostener a sus habitantes sin que requiera ese tipo de compensación. Desde 1947 la exención del pago de contribuciones federales e insulares fue uno de los mecanismos para atraer inversión externa. Sin embargo, en 1996 el Congreso inició la eliminación de la exención federal, que se completó en 2006. No hay que equivocarse: la exención contributiva nunca fue capaz de garantizar empleo o desarrollo. Pero el Congreso remplazó un mecanismo inadecuado con… nada. Una muleta es poca ayuda para una persona que cojea, pero sencillamente quitársela es aun peor. Así, desde 1996 ha desaparecido la mitad de los empleos en la manufactura. La economía de Puerto Rico se ha estancado desde 2006. Se han perdido 250 mil empleos: 20 por ciento de los empleos que existían hace una década han desaparecido. Pero la culpa no es solo del Congreso. Según la economía de Puerto Rico colapsaba, su gobierno no reconsideró sus prioridades. No intentó, por ejemplo, recuperar una parte mayor de las ganancias que abandonan la isla, a través de impuesto o de otros medios. En lugar de eso se endeudó masivamente. A la vez se permitió que la infraestructura eléctrica, entre otras, se deteriorara, a menudo buscando generar apoyo para su privatización. La situación no podía sostenerse: en junio de 2015 el gobierno tuvo que admitir que sus deudas eran insostenibles y que tendrían que renegociarse. Entonces el Congreso adoptó la ley conocida como Puerto Rico Oversight Management and Economic Stability Act (PROMESA). La ley creó una junta no electa, nombrada por el presidente, con amplios poderes sobre las finanzas públicas de Puerto Rico. No provee ni fondos ni medidas para la recuperación económica. Habilita la adopción de políticas de austeridad que acentúan la pobreza a la vez que perpetúan la depresión en curso. Es decir, es anti-democrática, colonial, socialmente injusta y económicamente contraproducente. ¡Bajo el plan fiscal que ha certificado no se prevé crecimiento hasta 2024! Una vez más, es posible que esto no provoque sorpresa: esa ha sido la fórmula (despidos y recortes) que se le ha aplicado al pueblo trabajador en Estados Unidos en decenas de crisis fiscales, desde la ciudad de Nueva York a mediados de la década de 1970 hasta Detroit, recientemente. Los recortes de presupuesto propuestos vienen luego de otras medidas de austeridad, como nuevos impuestos al consumo (el IVU en 2006), despidos masivos en el gobierno (ley 7 en 2009), ataques a los derechos laborales en el sector público (ley 66 en 2014), reducción gradual (attrition) del empleo público (90 mil plazas eliminadas desde 2006) y reducción de los derechos laborales en el sector privado (2017). ¿Qué necesita Puerto Rico? Puerto Rico necesita un programa de reconstrucción económica bien financiado (incluyendo la transición a la energía renovable), los poderes necesarios para implantarlo y un verdadero proceso de auto-determinación. El Congreso puede y debe proveer fondos para la reconstrucción, la cual también exige la cancelación de la deuda pública de Puerto Rico. Esta deuda ya era insostenible, intentar cobrarla ahora sería criminal. Sería legítimo que preguntes: ¿por qué debe asignar el Congreso miles de millones para la reconstrucción en Puerto Rico a pesar de que no lo hace en los estados de Estados Unidos? Nuestra respuesta: ¡debe hacerlo en los estados también! La realidad es que la gente trabajadora y pobre en Estados Unidos sufre las consecuencias sociales y ambientales de décadas de políticas económicas neoliberales. Tanto como nosotros en Puerto Rico, el pueblo trabajador de Estados Unidos necesita un amplio programa de reconstrucción económica, orientado a la creación de empleos y a satisfacer las necesidades sociales. Los movimientos que comparten estos objetivos en Estados Unidos son fuente de inspiración para nosotros y nosotras: movimientos para imponer contribuciones a las ganancias de las corporaciones, para que se implanten programas de empleo, reconstrucción urbana, ampliación de los servicios sociales, seguro de salud universal y educación pública universitaria gratuita, energía renovable, anulación de la deuda estudiantil y ayuda para las familias endeudadas, para reducir el gasto militar a favor del gasto social, organizar trabajadores y revitalizar el movimiento sindical, para acabar todas las formas de discriminación racial, de género, homofóbicas o xenofóbicas. En Puerto Rico necesitamos esos movimientos tanto como ustedes. Contamos con ustedes para que los construyan y los amplíen. Y les pedimos que incluyan la reconstrucción económica, la cancelación de la deuda y la auto-determinación de Puerto Rico como parte de sus demandas y propuestas. Las limitaciones del desarrollo unilateral y dependiente en Puerto Rico no son resultado de restricciones en el movimiento de capital entre la isla y Estados Unidos. Son, en todo caso, resultado de la acción irrestricta de intereses privados. Es decir, los dogmas del fundamentalismo de mercado, la privatización y la desreglamentación son parte, no de la solución, sino del problema. Necesitamos una reconstrucción planificada de nuestra economía, con un sector público y cooperativo ampliado. Esos planes deben elaborarse en Puerto Rico, no por agencias o programas federales fuera de nuestro control o supervisión. Lo mismo es cierto en Estados Unidos, donde los déficits fiscales no son el resultado de programas sociales demasiado generosos, sino de bajos impuestos a las corporaciones y, después de la crisis de 2008, de nueva deuda pública emitida para rescatar a los bancos de sus excesos. Durante décadas, buena parte del producto de nuestro trabajo ha salido de la isla, del mismo modo que buena parte de la riqueza creada por los trabajadores y trabajadoras en Estados Unidos es acaparado por una casta empresarial fabulosamente rica. Esta dura realidad exige que las luchas contra estos males gemelos—la explotación colonial y de clase—avancen unidas. A los que nos amenazan diciendo "¡Ningún rescate financiero para Puerto Rico!" nosotros respondemos: ¡Es tiempo de que invirtamos en el pueblo de Puerto Rico y de Estados Unidos—y dejemos de proteger los privilegios de los bancos y las grandes empresas! Trabajemos juntos, entonces, por la justicia: justicia para el pueblo trabajador de Estados Unidos y por apoyo de emergencia inmediato y adecuado y también por la reconstrucción económica más duradera, la anulación de la deuda y la auto-determinación de Puerto Rico. Sinceramente, Rafael Bernabe Manuel Rodríguez Banchs *Rafael Bernabe es investigados y profesor en la Universidad de Puerto Rico. Es autor, junto a César Ayala, de Puerto Rico en el siglo Americano. Manuel Rodríguez Banchs es abogado laboral y activista por la justicia social. Ambos pertenecen al Partido del Pueblo Trabajador en Puerto Rico.

Rafael Bernabe and Manuel Rodríguez Banchs*